Algo se ha roto estos días en Cataluña, y no me refiero a los huesos quebrados en las desproporcionadas cargas policiales del 1 de octubre. Algo muy serio se ha roto en Cataluña y tanto el govern como el gobierno español parecen no querer darse cuenta. Hay una fractura evidente entre una amplia parte de la población catalana y España. Es una fractura, además, que va mucho más allá de la postura ante el independentismo de los ciudadanos de Cataluña. Hasta el domingo, toda conversación en la que pretendía apelar al diálogo como solución en el problema catalán, en la que criticaba la irresponsabilidad manifiesta del gobierno de Cataluña, pero también reprochaba la inacción del gobierno central, terminaba con mis interlocutores acusándome con su tono de reprocho de equidistante (palabra maldita), de excesivamente comprensivo con los independentistas, quizá hasta de mal español. Pero el domingo, cargas policiales mediante, algo cambió. Mis amigos más abiertamente contrarios a la independencia, y sobre todo a la consulta ilegal del 1 de octubre, pasaron a poner el foco en la violencia policial, inaceptable, impresentable, ciega y, además, inútil, puesto que ni siquiera sirvió al gobierno central para impedir la celebración de la consulta.
Desconozco a dónde nos llevará esta situación. Creo que nadie sabe qué sucederá. Todos intuimos que el govern o el Parlament declararán unilateralmente la independencia, lo que probablemente empujará al gobierno central a aplicar el artículo 155. ¿Y entonces, qué? Espero que lo que suceda después no sea un prolongado periodo de tiempo de la autonomía intervenida, porque eso no haría más que echar leña al fuego y armar de razones a los independentistas, que en ese momento sí podrían defender que no se les está permitiendo votar. Sí o sí, esto sólo puede conducir a unas elecciones autonómicas en Cataluña en las que, si el gobierno central sigue desbarrando, podría aumentar considerablemente el apoyo a los partidos independentistas.
Los excesos no están sólo de un lado, por supuesto. El gobierno catalán está llegando demasiado lejos. Perdió el norte cuando decidió construirse una ley a su medida y ahora pretende declarar la independencia apoyándose en una consulta que no tiene la más mínima validez, pues hubo ciudadanos que votaron más de una vez, no existió un censo al uso y la mitad de la población catalana no se vio concernida por esa votación. Los gobernantes catalanes están en su perfecto derecho de defender la independencia, igual que cualquiera puede sostener la república en España, aunque el país sea hoy una monarquía, o cualquier otra organización territorial. Sólo faltaba. Pero está eligiendo una senda de confrontación y de radicalidad que no conduce a nada bueno. Obviamente, los líderes indepedentistas saben que una declaración unilateral no tendría el menor efecto, así que sólo queda la opción de que, aun sabiendo eso, decidan agitar lo máximo posible a la población para crear un clima de máxima tensión que sea el caldo de cultivo ideal para seguir ganando fuerza en la sociedad catalana.
¿Y el gobierno central? La ley, la ley y la ley. No sale de la boca de ningún portavoz del ejecutivo cualquier propuesta en positivo que intente desatascar esta situación. Uno empieza a pensar que, en el fondo, al gobierno de Rajoy no le va tan mal este clima de tensión. Alguien en Moncloa puede estar haciendo el retorcido e irresponsable cálculo de que las escenas de represión, de firmeza, de mano dura, serán bien recibidas en el resto de España, que puede darles réditos políticos. Alguien en Moncloa puede estar pensando que, en el fondo, el PP no es el partido que más incómodo se sentiría en unas elecciones en las que la campaña sería monotemática y giraría en torno a Cataluña, puesto que la calculada ambigüedad del PSOE no se sostiene demasiado bien en un escenario tan polarizado como este, mientras que la defensa cerrada de un referéndum pactado en Cataluña que hace Podemos no parece del agrado de muchos españoles. Sólo otro partido parece también loco por la música electoral: Ciudadanos, que de momento ya ha pedido al gobierno que aplique el artículo 155 para suspender la autonomía en Cataluña y convoque elecciones autonómicas, sin duda haciendo el cálculo de que le iría bien en estos comicios.
No hay ningún líder político de primera fila que esté pensando en las próximas generaciones, en cómo resolver de verdad este mayúsculo problema, que no es catalán, qué va, sino español. Y mientras, vemos escenas impresentables en las calles, como los escraches a policías y guardias civiles en algunas localidades de Cataluña, o personas en apariencia sensatas e inteligentes justificando la violencia policial del domingo. Los líderes independentistas siguen en su huida hacia adelante, y han concluido que les interesa toda la tensión posible. Algo similar parece calcular el gobierno central, que se ve cómodo en el papel de garante de la ley y la democracia, aunque su mano dura en las cargas policiales le ha valido ya las primeras críticas de Europa. Parece evidente que ni Rajoy ni Puigdemont son interlocutores válidos para intentar resolver el problema. Pero surge la inquietante pregunta de si hay alguien ahí abierto al diálogo, a detener esta escalada de tensión. Y como toda respuesta tenemos mucho ruido en las calles y un atronador silencio en los despachos del poder. Muy preocupante combinación.
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